La Ley universitaria expedida por el Presidente Correa en Octubre del 2010; desde su misma emisión provocó divergencias de posiciones. Por un lado quienes consideran que la Ley de Educación Superior debe regular el pésimo sistema académico ecuatoriano, expresado en las 70 universidades y los 350 institutos de educación existentes en el país. Además, la Ley debe incorporar mecanismos permanentes de rendición de cuentas a la sociedad; paralelamente el planteamiento incorpora la oposición al manejo partidista de las universidades, y desde la concepción de autonomía la universidad, debe trabajar para el desarrollo; por lo tanto el Sistema de Educación Superior estará articulado al Plan Nacional de Desarrollo. El sistema educativo se regirá en la autonomía responsable, cogobierno, diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica. El proceso estaría mediado por un organismo público de planificación, regulación y coordinación, en relación con el Ejecutivo y por un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación. De ahí la importancia de los procesos de acreditación técnicos y curriculares basado en el Modelo por competencias, inspirados en la Reforma europea de Bolonia y la titulación de los docentes en Phd. Finalmente el acceso a la educación gratuita hasta el tercer nivel vendría a constituir una de las máximas expresiones de la Educación Superior.
Por otro lado, están quienes consideran que no es suficiente una declaración conceptual en la Ley. Ciertamente la universidad debe ser científica y simultáneamente debe trasferir conocimientos sociales y tecnológicos El conocimiento va más allá del saber, sobre todo debe ayudar a reconocer el lugar de la universidad en la sociedad. El señalamiento va dirigido a que la universidad en esencia trasmite cultura. Hablar de universidad es dotarle de unicidad organizativa y ante todo debe ser repensada como detentora de poder. La universidad está obligada a traspasar poder a las generaciones de estudiantes; traspaso que sólo es posible si se materializa en reflexiones y debates, posicionamientos públicos sobre el tipo de sociedad y universidad. En la reflexión propuesta, es evidente la participación del Estado, no es suficiente la declaración escrita sobre educación superior, se necesita grandes insumos presupuestarios. Los recursos económicos deben ser vistos como necesarios y obligatorios en la recuperación de la universidad. El planteamiento incorpora el análisis crítico en la construcción de ejercicios de poder recuperadas en la Reforma de Córdova de 1918: autonomía universitaria, libertad de cátedra, cogobierno estudiantil, compromiso con la sociedad y emancipación.
Finalmente, existe una disputa en los conceptos, entonces cabe preguntarnos ¿Cuál es el carácter de universidad que necesita el país, al calor de los debates sobre cambio de época y crisis mundial? La definición es conceptual y práctica. |
